La decisión del Gobierno nacional de eliminar el fondo compensador destinado a las empresas de transporte de larga distancia generó fuerte preocupación en distintos sectores vinculados a la salud y la discapacidad en todo el país.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 y afecta directamente a miles de personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer que dependen de estos pasajes gratuitos para viajar a centros médicos fuera de sus provincias y continuar con tratamientos esenciales.
Si bien desde Nación aclararon que el derecho al traslado gratuito continúa vigente, organizaciones y asociaciones advierten que, sin el respaldo económico a las empresas de transporte, el acceso real a los pasajes podría verse seriamente limitado.
“Esto golpea directamente a las personas con discapacidad. Muchos utilizan estos pasajes para tratamientos que las obras sociales no cubren”, expresó Gilda Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad.
Desde el sector también denunciaron un escenario crítico marcado por prestaciones impagas, recortes en medicamentos y deudas acumuladas de organismos como PAMI e Incluir Salud desde noviembre del año pasado.
“Ahora van a tener que pagar el pasaje, es una locura”, advirtió la referente.
Organizaciones sociales y prestadores consideran que la medida representa un retroceso en materia de derechos y temen que las familias más vulnerables queden sin acceso efectivo a tratamientos médicos fundamentales.
Mientras tanto, crece la incertidumbre sobre cómo responderán las empresas de transporte y si el beneficio podrá sostenerse en la práctica sin asistencia económica del Estado.
